Historia de la legislación educativa argentina
Desde fines del siglo XIX y en el transcurso del siglo XX el Estado Nacional y los Estados provinciales sancionaron leyes tendientes a la organización de sus sistemas educativos. En ese devenir, los reglamentos y programas ocuparon un lugar central para definir las prácticas escolares.
La Ley 1420 del Estado Nacional sancionada en 1884 estableció los lineamientos de una educación pública, gratuita y obligatoria. Esta Ley se complementó con las leyes sancionadas en cada una de las provincias entre los años 1871 y 1896. Por otra parte, los vínculos entre la nación y las provincias estuvo influenciado por la Ley 4874, denominada Lainez, que permitió al Estado Nacional la creación de escuelas en las provincias y de este modo, extender el alcance de la ley 1420.
Definido el marco legal que brindó una estructura para la posterior red de escuelas llego el momento de entrar en la cotidianeidad de la institución. En este sentido, nos interesa destacar el lugar de las bibliotecas escolares en la conformación del sistema educativo.
La Ley 1420 fomentó la creación de bibliotecas populares y de maestros. En el momento fundante del sistema educativo los vínculos con la sociedad civil constituyeron unos de sus pilares y de allí la importancia de las bibliotecas populares, que tuvieron su ley propia, la 419 en esos tiempos.
Por otro lado, la creación de las bibliotecas escolares fue un movimiento más disperso. A pocos años de la sanción de la ley 1420, en 1886, el Consejo Nacional de Educación, administrador de las escuelas, solicitó a las escuelas un inventario de los libros de sus bibliotecas. Un interés creciente despertó el tema también en los docentes y el lugar elegido para el debate fueron las conferencias de maestros. La arquitectura escolar de la época dejó como testigos de su importancia a los espacios dedicados para la lectura y la consulta en las escuelas.
La creación de las bibliotecas escolares estaba en pleno auge aunque en numerosos casos las escuelas encontraban dificultades para su creación. Sin embargo, los maestros insistían en la imperiosa necesidad de disponer de libros para los niños. En los informes de los Inspectores se señala que el objeto de las bibliotecas es despertar en los niños el amor a la buena lectura.
Durante el siglo XX el sistema educativo nacional consolidó su estructura y orientó sus preocupaciones en la formación de docentes, en la construcción de las escuelas y en la selección de los materiales para la enseñanza.
La lectura tuvo un lugar central y los libros pasaron a ser objeto de numerosos debates. La selección de los libros de texto y más tarde los manuales escolares guiaron las prácticas de lectura. En este contexto, las bibliotecas escolares estuvieron presentes en las prácticas escolares de esas décadas, resistiendo la censura de los años de dictadura y la ausencia de su actualización y desarrollo en el andamiaje legal de la Ley Federal de Educación Nº24.195 de 1993, la cual no anidó en ningún artículo la palabra “biblioteca escolar”, dejando de lado progresivamente su presencia en la política pública educativa diseñada para esa década.
Al iniciar el siglo XXI el Estado Nacional fortalece su lugar como articulador de las políticas educativas. El sistema educativo adquirió mayor centralidad en las políticas públicas impulsadas desde ese Estado. Las numerosas leyes sancionadas expresaron un cambio rotundo en el eje que guiaría la educación pública. En esta dirección, podemos mencionar la Ley 26068 de Educación Técnico Profesional, la Ley 26075 de Financiamiento educativo.
Finalmente. en la mencionada Ley 26206 de Educación Nacional, su artículo 91 vuelve a reconocer la importancia de la biblioteca como una herramienta fundamental para asegurar la igualdad de oportunidades y el acceso al conocimiento, un mandato para que cada escuela cuente con un espacio apropiado para tal fin, en estos contextos normativos que refuerzan el papel de una educación pública inclusiva.
En esta dirección, hoy celebramos la promulgación de la Ley 26917 Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y unidades de información educativas que contribuye poderosamente en la consolidación de una educación pública para todos los argentinos, normativa donde la lectura ocupa un lugar central en estos espacios enriquecidos por prácticas pedagógicas singulares, y donde también, desde las otras unidades de información incorporadas, se promueve el resguardo y difusión de la memoria institucional y documental educativa.