Los orígenes de la Biblioteca Nacional de Maestros (Parte 3)
El destino de los libros preservados por el Consejo Nacional de Educación y el rol de Sarmiento en las duras batallas políticas por el rumbo de la Biblioteca ponen en línea de continuidad a las dos iniciativas: la de aquella oficina creada en 1870 para depositar y repartir publicaciones y la Biblioteca Pública de Maestros que dispuso la Ley 1420 de Educación Común catorce años después. Sin embargo, la redefinición casi completa del perfil propositivo, normativo y edilicio que se produjo en la década del ’80, bajo otras circunstancias políticas y económicas, tornan a la institución creada por la Ley 1420 en algo diferente, y marcan una ruptura que convierte a la primera en apenas un antecedente de la segunda.
En 1884, la Ley 1420 de Educación Común dispuso la creación de una biblioteca destinada a los maestros según se lee en el artículo 66:
“El Consejo Nacional de Educación establecerá en la Capital una Biblioteca Pública para maestros.”
En el terreno de las concreciones se produjo una bifurcación por demás esperable. Ese año, un decreto estableció, por una parte, que todas las publicaciones oficiales de la Biblioteca del Consejo –memorias, registros, informes, fallos de la Corte Suprema y de otras reparticiones del gobierno nacional– pasaran a una Oficina de Depósito y Reparto de Publicaciones, renaciendo así aquella dependencia cerrada en 1881. Por otro lado, se dispuso que las obras científicas y literarias, así como el mobiliario, quedasen en la Biblioteca del Consejo para servir de base a la Biblioteca Pública de Maestros en el momento que fuera efectivamente organizada.
Pese a la importancia estratégica que tendría la Biblioteca de Maestros para la política del Consejo Nacional de Educación –no solo en relación con los docentes y la formación que podría ofrecerles, sino también respecto a las bibliotecas populares y escolares localizadas en los Territorios Nacionales, ya que debía asumir su dirección y ocuparse de dotarlas de buenos materiales–, la institución no terminaba de organizarse como correspondía. Había una distancia entre las creencias en torno al papel de las bibliotecas en la cultura y la educación, la decisión política de contar con una Biblioteca Pública de Maestros y lo efectivamente alcanzado en los años que siguieron a la Ley 1420. Por entonces se presentaba con mayor urgencia la edificación de escuelas y, de hecho, entre 1884 y 1886 se inauguraron 56 edificios escolares en la ciudad de Buenos Aires. Esto decía Juan Trufó, hacia 1888, en El Monitor de la Educación Común sobre la dilación del proyecto de la Biblioteca de Nacional de Maestros:
«Hasta hoy la biblioteca de maestros no había pasado de ser una concepción puramente imaginaria; ningún beneficio real ha producido todavía por el lamentable abandono y olvido completo en el que estuvo desde su fundación.»
Con posterioridad a la sanción de la Ley 1420, la Biblioteca fue trasladada al predio de una escuela para niñas ubicada en Talcahuano y Viamonte a la espera de la resolución edilicia. El Consejo Nacional de Educación resolvió asumir la efectiva organización de la Biblioteca Nacional de Maestros y le solicitó a Fernando Guerrico, a quien designó nuevo director de la Biblioteca (1888-1889), que procurase trasladarla a un local amplio, que la dotara de una colección y que organizara un servicio tal como eran las expectativas del Consejo Nacional de Educación.
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